Pese al freno que le puso el Gobierno nacional, consideran que debe avanzarse con la iniciativa, que les permitiría tener costos laborales previsibles
Los empresarios buscaban que las indemnizaciones previstas en la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) pasen de ser tarifadas a ser cubiertas por un seguro de garantía, que sería fondeado, principalmente, por el salario mensual de cada empleado, y manejado por el Estado.
Con el respaldo del titular de la Unión Industrial Argentina (UIA) Daniel Funes de Rioja, vienen militando cada vez con más fuerza la idea de reemplazar las indemnizaciones laborales por un seguro de desempleo.
La propuesta promocionada por Teddy Karagozian, empresario textil y dueño de TN Platex, se titula “Mochila Argentina”, que toma como modelo al sistema implementado en Austria.
Consiste en la implementación de un seguro de garantía de indemnización. Es decir, que un trabajador despedido de una empresa dejaría de cobrar la indemnización completa y, a cambio, el Estado pagaría esa indemnización de manera mensual, mediante el pago del salario que tenía, hasta que consiga un nuevo empleo.
La modalidad se sostendría, durante la cantidad de meses que hubiera tenido antigüedad en la compañía de la que se desvinculó.
Si bien hace unos días, el Gobierno le bajó el pulgar a la propuesta, los empresarios insisten en su tratamiento y confían en que lograrán el apoyo de los legisladores para comenzar a debatirla.
“Necesitamos una reforma superadora a la institución indemnizatoria que otorgue beneficios a los empleados, disminuya el costo para las empresas y fomente la creación de más puestos de trabajo en el sector privado, eliminando así la necesidad de una reforma laboral que quite derechos a los empleados”, explicó Karagozian.
Y agregó que “el Estado debe promover e instrumentar un SGI que las empresas paguen sobre su nómina salarial, administrado por la ANSES, Superintendencia de Seguros, y una entidad de control a designar, que garantice la indemnización a los trabajadores que pierdan sus trabajos”.
En las últimas horas, Karagozian difundió el documento detallado de cómo funcionaría este modelo, que se aplicaría a los nuevos contratos.
La discusión que pide Karagozian cuenta con el aval de algunos sindicalistas, como Facundo Moyano
Cómo funcionaría
“Con el Seguro de garantía de indemnización (SGI), podrán seguir cobrando en cuotas mensuales el equivalente a su último sueldo actualizado hasta conseguir un nuevo empleo y se agotaría cuando supere los meses que correspondan a los años trabajados”, destacó el empresario.
En ese punto, señaló que “los empleados del Estado tendrán los mismos beneficios, pero el Estado no deberá integrar la prima de riesgo. El SGI también aplica para el retiro, por lo que será un complemento a la jubilación y, además, es heredable en caso de muerte del asegurado”.
Cálculo
En cuanto al porcentaje del costo para el empleador, indicó que será variable según la rotación de personal histórica de la empresa, para cubrir el costo total más un porcentaje fijo administrativo e incentivar una baja rotación.
La fórmula para costo del SGI sería: 1 + (8.33/n).
Donde n = la antigüedad promedio de los empleados de la empresa.
“El monto del seguro será del 1%, más el 8.33% dividido la antigüedad promedio de los empleados de la empresa, a modo de premiar la relación duradera del empleo y, de ese modo, disminuir la rotación innecesaria de personal”, remarcó.
El costo del seguro tendrá un piso de 2% y, a su vez, un tope de 8.33% para no subir el costo a ninguna empresa, incluso las de construcción.
Y ejemplificó algunos casos:
1) Para una empresa que recién se inicia, la formula sería: 1 + 8.33 = 9.33%
Sin embargo, como el resultado no puede exceder el tope de 8.33%, solo pagará ese porcentaje máximo.
2) Para una empresa con empleados de, en promedio, 3 años de antigüedad, la formula sería: 1 + (8.33/3) = 3.77%
3) Una con empleados de 10 años de antigüedad, en promedio, haría el siguiente cálculo: 1 + (8.33/10) = 1.83%
Sin embargo, como el resultado no puede ser menor a 2.00%, pagará ese porcentaje mínimo.
“El primer mes de la indemnización correrá a cargo del empleador, bajando significativamente el costo del SGI y facilitando la administración del sistema —temas administrativos lo ameritan”, enfatizó.
En caso de un cambio de empleo o deseo de descanso por parte del trabajador, no cobrará el primer mes para no incentivar el cambio innecesario, pero no pierde ese mes de su activo.
Diferencias
Según Karagozian, la principal diferencia con respecto al marco actual es que desaparece la distinción entre despido con y sin causa. Asimismo, también será indistinto si el vínculo laboral termina por despido por parte la empresa o si la persona prefirió renunciar, pues en ambos casos el trabajador tiene y mantiene sus derechos.
“La diferencia entre despido y renuncia queda reducida al cobro o no del primer mes de indemnización, mencionado anteriormente. De este modo, se cumple con el objetivo del artículo de la Constitución Nacional que pide una indemnización por el despido”, agregó.
Otra diferencia sustancial con respecto al sistema actual es que la indemnización se cobrará mes a mes hasta agotar los meses de antigüedad (pero desde el SGI y ya no de la empresa) con el Estado como garante. Esto trae fluidez tanto a la familia del despedido como al trabajador que se haya tomado un tiempo.
Si avanza la propuesta, desaparecerían las causales de despido
El Gobierno lo frena, por ahora
Los empresarios se habían ilusionado con avanzar con esta discusión (y lograr cambios) en las indemnizaciones laborales. Tras el apoyo de algunos sindicalistas, consideraban factible empezar a discutir una medida que, argumentaban, les genera costos laborales impredecibles y les impide general empleo.
Pero el propio Gobierno fue el encargado de “bajarle el pulgar”. El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, sostuvo que “no hay margen para una reforma laboral, entendida como reducción de indemnizaciones, o un cambio de régimen”.
“No está en nuestra agenda”, remarcó y agregó que “el mayor período de creación de empleo que tengamos memoria fue del 2007 al 2011, y fue con estas normas, este modelo de desarrollo va a generar empleo”.
De todas maneras, los empresarios consideran que, tarde o temprano, será un tema que deberá discutirse, por lo que continúan buscando adhesiones de sindicalistas y funcionarios del Gobierno. Y destacan que, en caso de avanzar, aplicaría para nuevos contratos y para el segmento pyme.
Uno de ellos es Facundo Moyano, quien el año pasado, durante la sesión en la que se aprobó la ley de Teletrabajo indicó: “Tenemos que animarnos a hablar del fondo de desempleo, de la mochila austríaca, que fueron propuestas de partidos de centro izquierda y centro derecha en España. ¿Por qué nos vamos a limitar, inclusive yo proviniendo de las fibras sindicales, de reconocer un problema que inevitablemente tiene que tener una solución?”.
El hijo del camionero Hugo Moyano y principal referente de los trabajadores de Peajes, argumentaba desde su banca: “Tenemos que plantear la discusión del sistema laboral para discutir derechos para los que no los tienen, y para discutir más derechos para los que lo tienen”.
Desde el entorno de Facundo Moyano confirmaron a iProfesional que la posición del sindicalista no cambió, que los sostiene públicamente y que cree que hay que hacer modificaciones en el sistema laboral para incluir a los trabajadores no registrados.
